Juez dispuso orden de prisión preventiva en el penal de “San Ramón” de Samegua
Moquegua.- El Juzgado penal provincial de Mariscal Nieto dispuso la orden de detención preliminar por nueve meses al funcionario del gobierno regional, Wilfredo Coayla Gallegos, por el presunto delito de extorsión a la proveedora Juana Cancino, dentro del caso que ha conmocionado a la opinión pública .
Ayer en la audiencia que se llevó a cabo en horas de la tarde en el Módulo Penal, tras escuchar el Juez los fundamentos y alegatos del representante del Ministerio Público, como la del abogado de oficio del acusado, Wilfredo Coayla, se dispuso el ordenamiento de detención preliminar por nueve meses, los que dura la etapa investigatoria y el juicio.
En la audiencia el Ministerio Público dio a conocer que según la declaración de la proveedora, Juana Cancino, el funcionario Coayla Gallegos le había pedido 8 mil nuevos soles, por acelerar el pago de una suma de 90 mil nuevos soles que le adeuda el gobierno regional, de los cuales 56 mil serían para el consejero Renato Ascuña, y 2 mil para el (Wilfredo Coayla).
En su testimonio, el acusado señaló que pedía acogerse a la confesión sincera, y que estaba presto a colaborar con la justicia, buscando la orden de comparecencia, la que no se dio.
El Fiscal señaló que la orden de internamiento en el penal “San Ramón” por nueve meses se ha dispuesto en vista que el funcionario acusado de extorsión no había fundamentado ni garantizado una vivencia permanente, además del peligro de fuga, ya que es natural de Puno y a que la pena es mayor de 4 años, ya que el nuevo Código Penal señala una penalidad entre seis a 12 años.
Se conoció que antes de la audiencia, ante Wilfredo Coayla se habían presentado dos abogados presuntamente enviados por un tercero, los cuales desistieron de la defensa, y que tendrían algunas vinculaciones con el gobierno regional.Por otro lado, se conoció que la proveedora, Juana Cancino, anteriormente habría trabajado en el gobierno regional, durante la presente gestión de Jaime Rodríguez, lo que daría un mayor giro de interés para conocer la corrupción al interior del gobierno regional
Moquegua.- El Juzgado penal provincial de Mariscal Nieto dispuso la orden de detención preliminar por nueve meses al funcionario del gobierno regional, Wilfredo Coayla Gallegos, por el presunto delito de extorsión a la proveedora Juana Cancino, dentro del caso que ha conmocionado a la opinión pública .
Ayer en la audiencia que se llevó a cabo en horas de la tarde en el Módulo Penal, tras escuchar el Juez los fundamentos y alegatos del representante del Ministerio Público, como la del abogado de oficio del acusado, Wilfredo Coayla, se dispuso el ordenamiento de detención preliminar por nueve meses, los que dura la etapa investigatoria y el juicio.
En la audiencia el Ministerio Público dio a conocer que según la declaración de la proveedora, Juana Cancino, el funcionario Coayla Gallegos le había pedido 8 mil nuevos soles, por acelerar el pago de una suma de 90 mil nuevos soles que le adeuda el gobierno regional, de los cuales 56 mil serían para el consejero Renato Ascuña, y 2 mil para el (Wilfredo Coayla).
En su testimonio, el acusado señaló que pedía acogerse a la confesión sincera, y que estaba presto a colaborar con la justicia, buscando la orden de comparecencia, la que no se dio.
El Fiscal señaló que la orden de internamiento en el penal “San Ramón” por nueve meses se ha dispuesto en vista que el funcionario acusado de extorsión no había fundamentado ni garantizado una vivencia permanente, además del peligro de fuga, ya que es natural de Puno y a que la pena es mayor de 4 años, ya que el nuevo Código Penal señala una penalidad entre seis a 12 años.
Se conoció que antes de la audiencia, ante Wilfredo Coayla se habían presentado dos abogados presuntamente enviados por un tercero, los cuales desistieron de la defensa, y que tendrían algunas vinculaciones con el gobierno regional.Por otro lado, se conoció que la proveedora, Juana Cancino, anteriormente habría trabajado en el gobierno regional, durante la presente gestión de Jaime Rodríguez, lo que daría un mayor giro de interés para conocer la corrupción al interior del gobierno regional
